Alerta de Género

Para que exista una alerta de género es necesaria la condición de violencia feminicida.

Violencia feminicida:

Es una forma extrema de violencia del género femenino, producto de la vulneración de sus derechos humanos en un ámbito público y privado, conformada por una serie de conductas misóginas [1] que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio o feminicidio.

Alerta de Género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. La alerta consiste en tomar acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. La violencia feminicida es la forma más extrema de violencia contra las mujeres La Alerta de Violencia de Género son las acciones de emergencia implementadas por un gobierno para enfrentar y acabar con la violencia feminicida. Contempla desde protocolos de investigación sobre feminicidios hasta programas de prevención y reformas para eliminar la desigualdad en la legislación y política pública que atentan contra los derechos humanos de mujeres y niñas. En total, en los últimos 16 años en el estado de Morelos han ocurrido 686 feminicidios, registrados en 31 de los 33 municipios de la entidad; la Alerta de Género sólo incluye ocho. Este año, el 9 de febrero pasado, otros ocho municipios de Jalisco se sumaron a los 19 del Estado de México y Morelos con Alerta por Violencia de Género. Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco, Puerto Vallarta y Ameca entraron en Alerta después de que organizaciones civiles denunciaron que sólo durante 2015 se cometieron 151 feminicidios. En los tres estados la exigencia de sociedad civil es la misma: que la Alerta se extienda a todo el estado. Las prácticas de violencia contra las mujeres no son exclusivas de algunos municipios, argumentan; y es preciso que las campañas de sensibilización y prevención de esta violencia se difunda en todo el territorio afectado. De 2008 a la fecha se han destinado 21 millones de pesos para la operación de la Alerta de Violencia de Género, creada para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. No obstante, ninguna de las seis solicitudes promovidas por la sociedad civil ha prosperado. La  inoperancia del mecanismo contemplado en la ley tiene varias explicaciones: desde los obstáculos normativos que presenta, hasta el uso político de las víctimas. México es un país conocido en el mundo entero por el oprobio del feminicidio; las mujeres ya no pueden esperar más. Mientras las instituciones preparan las reformas a la Alerta de Violencia de Género, mecanismo de emergencia creado en 2007 para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, los crímenes de odio contra las mujeres no cesan. Las discusiones en torno a las modificaciones que prometen la efectiva aplicación del mecanismo contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), mismo que a la fecha ha sido inoperante, se han prolongado de un sexenio a otro. En tanto, 6.4 mujeres son asesinadas violentamente cada día, de acuerdo con el informe Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010, elaborado por la Cámara de Diputados, la Organización de las Naciones Unidas y el Instituto Nacional de las Mujeres. Como consecuencia de este alud de feminicidios, en diciembre de 2010, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) promovió una solicitud de investigación sobre la procedencia de la Alerta de Violencia de Género para el Estado de México. A partir de una investigación propia –construida con información de instancias gubernamentales como la proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a través de los mecanismos de transparencia y la obtenida de la búsqueda hemerográfica–, dicha Comisión argumentó que de 2005 a agosto de 2010 ocurrieron en la entidad 922 feminicidios. Un mes después, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) –integrado por los titulares de 10 dependencias de la administración pública federal y de los 32 Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las entidades federativas– resolvió, en sesión extraordinaria, la improcedencia de la investigación sobre la declaratoria promovida por la CMDPDH. Ésta no fue la única ocasión en que el Sistema falló en contra. En cinco de las seis solicitudes promovidas por organismos de la sociedad civil (en Guanajuato, el Estado de México, Nuevo León, Hidalgo y nuevamente en Guanajuato), las votaciones al interior del mismo anularon la posibilidad de que el mecanismo prosperara.